Senado, Parlamento uruguayo | Autor: Fernando Da Rosa | Licencia: Creative Commons Genérica de Atribución/Compartir-Igual 3.0
La última sesión
Los días previos a la disolución de las Cámaras la atmósfera política comenzó a espesarse. Muchos advirtieron que el próximo paso para la consumación de la dictadura era inminente. Si bien el Parlamento había acompañado el advenimiento del autoritarismo, se había convertido a la vez en un escollo para el desarrollo de la tarea que el Poder Ejecutivo y las Fuerzas Armadas se habían adjudicado. Cuando el Senado rechazó la solicitud de desafuero del senador Erro, el presidente firmó el decreto de disolución de las Cámaras. En la madrugada del 27 de junio de 1973 culminó la carrera al golpe de Estado. Las tropas del ejército entraron al Parlamento y fueron ocupadas las estaciones de radio. La CNT emitió un comunicado llamando a la huelga general y la FEUU se adueñó de los centros universitarios.
Otras medidas completaron la disolución del Legislativo: revocación de los gobiernos departamentales, orden de captura para dirigentes políticos de oposición -muchos de los cuales se exiliaron a Buenos Aires- y disolución de la CNT.
Un mes clave
El nombramiento de un nuevo ministro de Defensa -el general Antonio Francese- no contó con la aprobación del ejército y la Fuerza Aérea y fue la chispa que encendió la mecha. En un acto de insubordinación al presidente de la república, los militares ocuparon el canal estatal de televisión y difundieron un comunicado anunciando que no acatarían las órdenes del secretario de estado, a la vez que "sugerían" al presidente Bordaberry el relevo del ministro. Era el 8 de febrero de 1973. En menos de siete días el destino del país quedó signado hacia el golpe de Estado. El Ejército y la Marina se acuartelaron, aunque por distintas razones: el primero, en previsión de una acción de fuerza para afirmar su posición; la segunda, con la intención de respaldar a Bordaberry. Febriles negociaciones entre las autoridades civiles y castrenses procuraron llegar a acuerdos, pero la notoria debilidad del Poder Ejecutivo frente a la fortaleza de las Fuerzas Armadas quedó consumada cuando el llamado de Bordaberry a la ciudadanía a defender las instituciones no tuvo respuesta. El descreimiento de la sociedad era tal que nadie acompañó al presidente. Solo la Armada se mantuvo en apoyo del Ejecutivo, ocupando durante varias horas la Ciudad Vieja.
La consolidación política de las Fuerzas Armadas
Entre tanto, el ejército y la aviación plantearon sus condiciones, que implicaban un verdadero programa de gobierno. Los Comunicados Nº 4 y Nº 7 de las Fuerzas Armadas causaron confusión en filas de la oposición: la lucha contra la corrupción y la desocupación, la eliminación de la deuda externa y otros postulados, llevaron a que muchas organizaciones pensaran en una posible alianza con los militares. El Frente Amplio y el movimiento sindical se mantuvieron alertas, a la vez que pedían la renuncia del presidente. De esta forma, las reacciones dubitativas de las organizaciones políticas aislaron aun más a Bordaberry.
El 12 de febrero, reunido con las tres armas en la base aérea de Boisso Lanza, el presidente decidió acordar. El "Pacto de Boisso Lanza" institucionalizó el protagonismo político de las Fuerzas Armadas, ya sin fisuras tras varios relevos en los mandos. El 1º de marzo tuvo lugar la primera reunión del Cosena (Consejo de Seguridad Nacional), órgano que compartió -de ahí en adelante- las funciones del Poder Ejecutivo.
El tramo final hacia la dictadura
Entre marzo y junio, las relaciones entre el gobierno cívicomilitar y los actores políticos continuaron deteriorándose. El 15 de marzo, al reanudarse el período legislativo, los representantes frenteamplistas y los sectores opositores del Partido Nacional impulsaron el juicio político al presidente, pero los votos no alcanzaron. Más tarde hubo acusaciones a los legisladores por maniobras ilícitas; hubo pedidos de informes del Parlamento al Ejecutivo por la venta secreta del 20% de las reservas de oro; hubo informaciones cruzadas sobre dichos o acciones de militares y civiles, que enturbiaron cada vez más el escenario. El movimiento sindical continuó sus movilizaciones frente a una crisis que no encontraba salida -se celebraría ese año el último 1º de mayo en diez años- y la situación en la enseñanza se agravaba día a día con huelgas, represión y atentados de grupos armados de derecha.
La piedra de toque de este clima exasperado fue el pedido de desafuero del senador Enrique Erro, enviado por el Ejecutivo al Parlamento. Se lo acusaba de vinculaciones con el MLN. El trámite llevó meses de discusiones en las Cámaras y culminó en la fatídica sesión del 26 de junio.
Formalmente no podemos hablar de ruptura de las instituciones democráticas hasta el 27 de junio de 1973, no obstante el deterioro que las mismas venían sufriendo inclusive desde el período en que gobernó Pacheco Areco.
Se vivía un clima de represión para nada compatible con un régimen democrático respetuoso de la Constitución y de la ley. Las graves violaciones de los derechos humanos: existencia de escuadrones de la muerte, presos políticos, persecución sindical, tortura, censura a la prensa, Suspensión de los Derechos Individuales y Medidas Prontas de Seguridad decretadas prácticamente de manera ininterrumpida, fueron las principales características del período de gobierno. La actuación ilegitima del Poder Ejecutivo y las Fuerzas Armadas se vio reforzada por la complicidad del Poder Legislativo y Judicial, que en los hechos determinaba el deterioro de las garantías de tutela de los Derechos Humanos (ineficacia del recurso de Habeas Corpus y violación a las reglas del debido proceso).
El 27 de junio marca el fin de una democracia que en los hechos ya venía viviendo un largo proceso de deterioro. Marca un atentado directo al Orden Jurídico imperante, a diferencia de las figuras anteriores (también ilegítimas pero que estaban o bien ocultos al sistema y a la opinión pública o teñidos de una retórica de legalidad).
La ilegitimidad de la medida se funda, entre otros, en que el Presidente de la República está facultado para disolver el Parlamento únicamente en el marco del procedimiento de Censura y debiendo convocar a una nueva elección parlamentaria dentro del plazo previsto por la Constitución (art. 148). La disolución de las cámaras constituyó una medida que privó al sistema democrático del contralor que el órgano ejecutivo tiene que tener, principalmente teniendo en cuenta que ese control apunta a resguardar los derechos individuales.
A partir de ese momento, todo es ilegalidad, una cronología de violaciones a los derechos humanos que duró más de once años y cuyas secuelas se mantienen en la actualidad.
Bibliografía:
- CAETANO, G. y J.P. RILLA (1987) Breve historia de la dictadura. Montevideo. Claeh- Banda Oriental.
- LESSA, A. (1996). Estado de guerra. De la gestación del golpe del 73 a la caída de la democracia. Montevideo.
- CORES, H. Camino al golpe. 1968-1973. Montevideo.